Los congresistas fujimoristas evangélicos Julio Rosas, Aurelia Tan y María Cordero se han sumado a grupos ultraconservadores religiosos para eliminar la educación sexual y el aborto terapéutico. El "pastor" José Linares, que hizo campaña por la revocatoria de Susana Villarán, es uno de los adalides de esta gesta.
Beatriz Jiménez
FUENTE: http://www.larepublica.pe/29-06-2013/el-fujimorismo-lanza-cruzada-contra-los-derechos-sexuales
Grupos religiosos ultraconservadores, la mayoría cristianos, pero también católicos como el Sodalicio de Vida Cristiana o el Opus Dei, han encontrado en los congresistas fujimoristasJulio Rosas, Aurelia Tan, María Cordero y Martha Chávez la llave para entrar al Congreso y dictar proyectos de ley que, de aprobarse en el Pleno, podrían tumbar los avances en el país en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Uno de los caballos de batalla de esta cruzada es el nuevo predictamen del Código del Niño y Adolescente (proyecto 495-2011), aprobado el pasado 17 de junio en la Comisión de la Mujer, con el voto a favor de dos congresistas (las evangélicas y fujimoristas Aurelia Tan y María Cordero) y la accesitaria María López Córdova.
Con la presencia del ex pastor evangélico y congresista fujimorista Julio Rosas, quien no es miembro de la Comisión de la Mujer, los legisladores fujimoristas lograron por 3 votos contra 2 aprobar un proyecto que elimina la educación sexual de los colegios públicos y que, contradiciendo a la jurisprudencia nacional e internacional, considera absolutos los derechos del feto y, por lo tanto, niega el aborto en el caso de que la vida de la madre corra peligro.
Los miembros evangélicos y católicos conservadores de la bancada fujimorista plantean este texto como una "Guerra Santa", en la que los infieles no son solo las organizaciones que defienden los derechos humanos, sino también la Defensoría del Pueblo, que pidió al Congreso revaluar este proyecto al afectar el derecho fundamental a la salud; y las Naciones Unidas, que ha solicitado formalmente a Perú que reglamente el aborto terapéutico.
LA GÉNESIS DE LA LEY
Para la elaboración del texto del controvertido predictamen, la presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Aurelia Tan, contrató como asesora legal a Fátima Castro Avilés. Ella es presidenta del supuesto Centro de Estudios para la Familia, una institución cristiana que no aparece registrada en la Sunat. La legisladora le dijo a La República que la contribución de esta asesora "fue fundamental en la elaboración del dictamen".
Frente a las manifestaciones de protesta que organizaciones pro derechos de la mujer han protagonizado en los últimos días contra el proyecto, Tan se ha defendido presentando una carta de respaldo firmada por 21 supuestas instituciones "pro familia", de confesión cristiana y católica, de las cuales solo 8 figuran en la Sunat. El resto son una amalgama de grupos sin respaldo institucional que manejan páginas web y redes sociales como plataforma de difusión de sus ideas. Entre estos grupos destaca el Centro de Promoción Familiar y Regulación Natural de la Fertilidad (Ceprofarena), respaldada por el congresista fujimorista Julio Rosas, según reconoció él mismo a La República. Ceprofarena promociona en su web cursos prepago "en el método de ovulación Billings".
Estas "organizaciones" ya estuvieron presentes el pasado 20 de mayo en el debate organizado por la Comisión de la Mujer sobre este predictamen, en cuya lista de invitados también figura la "Asociación Nacional de Investigación y Tratamiento de la Homosexualidad", a pesar de que este tipo de "rehabilitación" es censurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por las asociaciones de salud mental más importantes del mundo.
De los 27 asistentes al foro de la Comisión de la Mujer, 22 pertenecían a organizaciones religiosas conservadoras. Según la congresista Aurelia Tan, la invitación a este foro fue abierta y sus asistentes tuvieron igual derecho de uso de la palabra.
Algunos de los más activos lobbistas "pro familia" que entran y salen del Congreso a su antojo son Carlos Polo y Sergio Burga, del católico ultraconservador Population Research Institute (PRI).
Según las mismas fuentes, estos serían responsables de una campaña difamatoria emprendida por el portal web católico Aciprensa, que califica de abortistas a las congresistas Verónika Mendoza, Doris Oseda, Natali Condori y Celia Anicama, contrarias al predictamen. El pasado 13 de junio, la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Congreso difundió una carta de desagravio a favor de las mencionadas congresistas.
CRÍMENES DE ODIO
El segundo caballo de batalla de estos grupos religiosos en el Congreso es hasta el momento el Proyecto de Ley Contra Acciones Criminales Originadas por Motivos de Discriminación, elaborado por el Congresista Carlos Bruce.
Esta iniciativa prevé fuertes penas para quienes, por motivos de discriminación, cometan delitos fomentados por la etnia, creencias, religión, sexo y orientación sexual, entre otros. El proyecto fue planteado por Bruce tras el pedido de familiares de víctimas asesinadas solo por el hecho de ser homosexuales.
Sin embargo, el pasado 15 de junio, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó un dictamen en mayoría por el que se excluye la categoría de orientación sexual e identidad de género dentro de los agravantes. Su eliminación fue calificada por organizaciones religiosas conservadoras como una victoria contundente e histórica de los movimientos pro familia.
Entre los que más festejaron la aprobación este predictamen en las redes sociales se encuentra el autodenominado pastor José Linares Cerón, supuesto líder evangélico y presidente de las sospechosas oenegés Movimiento Pro Familia y Coalición Internacional Pro Familia (Ciprofam), que no están registradas en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
El feroz activismo de José Linares contra la libertad de orientación sexual generó una denuncia en su contra por instigar "crímenes de odio", de la que salió absuelto en una corte del estado de Massachusetts, Estados Unidos, según figura en notas periodísticas difundidas por su propia organización Ciprofam.
LA NUEVA CAMPAÑA
"La revocatoria a la alcaldesa pro gay de Lima, Susana Villarán, fue el inicio de la batalla para derogar las leyes antifamilia y antivida", anunció Linares el pasado 23 de junio en su cuenta de Twitter.
Durante la campaña frustrada para revocar a la alcaldesa de Lima, su socio Marco Tulio Gutiérrez lo definió como "la columna vertebral" de la revocatoria. Hoy, ambos continúan siendo socios, pero de otra cruzada: la revocatoria de congresistas.
"Revocatoria a congresistas antifamilia, antivida y corruptos. ¡La revolución ha comenzado!", auguraba José Linares, un pastor sin iglesia, según confirma el Concilio Nacional Evangélico, y con denuncias fiscales por abuso sexual, delitos contra el pudor, coacción agravada, extorsión y estafa.
El 20 de setiembre de 2011, tras el segundo archivamiento del proyecto de ley contra el feminicidio, Linares posó victorioso en el Congreso junto al fujimorista evangélico Julio Rosas, miembro de la Comisión de Justicia y representante de las autodenominadas organizaciones pro familia.
El congresista Julio Rosas reconoció que conocía a Linares desde hace más de 20 años, pero que no coordina con él ninguna iniciativa legislativa. "Él tiene sus propios temas", aseguró Rosas a La República. "Yo recibo aquí (en su despacho) a todo el pueblo".
Estos lobbys, opuestos a la tipificación del delito de feminicidio y a los crímenes de odio, han permanecido activos desde entonces y han presionado para lograr proyectos de ley que contradicen la legislación nacional e internacional.
Con el apoyo del fujimorismo, su próximo reto es lograr la aprobación de ambos predictámenes en el Pleno antes de que culmine esta legislatura.
CLAVES
El aborto terapéutico es reconocido en el artículo 119 del Código Penal. Sin embargo, no existe hasta la fecha un reglamento para su aplicación. Fruto de ello, existen casos como el de Karen Llontoy, obligada en 2001 a dar a luz un bebé anacefálico (sin cerebro).
Las Naciones Unidas reiteraron el pasado mes de marzo a Perú que reglamente el aborto terapéutico y que incluya excepciones a su prohibición en caso de violación sexual o incesto.
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