UN NARCO ESTADO LLAMADO PERÚ

El término narco-estado o narco estado (de narco: droga y estado: conjunto de instituciones) es un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.
Pero en las últimas tres décadas una serie de profundas transformaciones en la política y la economía mundial han impulsado la aparición de lo que se llama Estados Mafiosos. Países en los que los conceptos tradicionales de “corrupción”, “crimen organizado” o de entes gubernamentales “penetrados” por grupos criminales no captan el fenómeno en toda su complejidad, magnitud e importancia. En los Estados Mafiosos, no son los criminales quienes han capturado al Estado a través del soborno y la extorsión de funcionarios, sino el Estado el que ha tomado el control de las redes criminales. Y no para erradicarlas, sino para ponerlas a su servicio y, más concretamente, al servicio de los intereses económicos de los gobernantes, sus familiares y socios.

La experiencia más clara de esta estructura mafiosa en el Perú, fue durante el Gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori y su socio y operador Vladimiro Montesinos Torres, casos emblemáticos como el uso del avión presidencial, naves de La Marina, La Fuerza Aérea (avión presidencial incluido) y el Ejército para transportar droga y narco dólares, así como apoyo logístico y comercial para los carteles del narcotráfico que operan en la Selva Peruana, y que como consecuencia de la corrupción generalizada tanto en La Policía Nacional (Que en el primer gobierno del Dr. Alan García Pérez desapareció a la Policía Científica o Ex Policía de Investigaciones del Perú - PIP), Las Fuerzas Armadas, El Ministerio Público, El Poder Judicial, El Congreso de la República, y más recientemente el Poder Ejecutivo al más alto nivel, con la facultad constitucional para indultar del más alto magistrado de la nación a cuanto traficante se le dé la gana, lo cual se traduce en impunidad que es la consecuencia mas desastrosa para la Sociedad, la Democracia y el estado de Derecho en el Perú, han quedado en el olvido por parte de los poderes que conforman la Narcocracia Peruana, incluido el cuarto poder el periodismo comprado contante y sonante por el Dr. Montesinos en efectivo y con grabación incluida cuyas escenas hemos visto en el Congreso de la República durante el Gobierno del Dr. Valentín Paniagua Corazao, valiente mandatario peruano que se enfrentó a la Mafia Fujimori-Montesinos y que hoy está muerto. 

Siempre ha habido países cuyos líderes se comportan de manera criminal. Y en la mayoría de las 193 naciones del planeta la deshonestidad en el uso de los dineros públicos y la “venta” de decisiones gubernamentales al mejor postor son comunes. La corrupción es la “norma” y nos hemos acostumbrado a que así sea. La suposición de que esto siempre ha sido y seguirá siendo así dificulta captar el ascenso de un nuevo actor en la realidad mundial: los Estados Mafiosos. No son solo países donde impera la corrupción o donde el crimen organizado controla importantes actividades económicas y hasta regiones completas. Se trata de países en los que el Estado controla y usa grupos criminales para promover y defender sus intereses nacionales y los intereses particulares de una élite de gobernantes.

Claro que esta práctica tampoco es nueva, vemos como en los Gobiernos Regionales los Presidentes Regionales constituyen verdaderos carteles de la droga, en complicidad con los órganos jurisdiccionales y la Policía nacional, manejando ingentes cantidades de dinero para dejar hacer y dejar pasar, lo que coloca en una encrucijada la Política de Estado de la Regionalización, la que está diseñada desde el Congreso de la República para promover la superestructura del Narco Estado Peruano.

El narco-estado se deriva del término «Estado Profundo» (en turco: derin devlet), como las relaciones entre fuerzas de seguridad, mafia y grupos nacionalistas; y por Peter Dale Scott como la «simbiosis entre los gobiernos (y en particular sus agencias de inteligencia) y las asociaciones criminales».

A partir de ese acontecimiento, los carteles de la droga, mediante millonarios aportes económicos, financian las candidaturas de políticos a cargos públicos electivos a cambio de garantizarles impunidad, protección y amparo del poder estatal en sus operaciones. Asimismo, dicho poder se ha extendido a los estamentos militares y policiales, aprovechando las bajas condiciones de vida de sus componentes para infiltrarlos y corromperlos para que sirvan a sus intereses. Vemos en el Perú una apatía increíble en los integrantes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, pues para ser personal de confianza hay que ser leal al Narco Jefe, de lo contrario estás condenado a ser carne de cañón en la guerra contra el narco-terrorismo, donde un sicario menor de edad está usualmente en una moto lineal todo terreno de 250 a 350 cc. Con una pistola de 9 mm. Con catorce balas en la cacerina y una bala en la recamara, además con dos cacerinas cargadas en los bolsillos, mientras que un efectivo policial cuenta con un revólver calibre 38 con 6 balas en la recámara, que en el momento que se le agotan y va a llenar su tambor de nuevas municiones el delincuente lo liquida, peor aún cuando estos están en automóviles armados con fusiles ametralladoras de asalto Kalashnikov de 7.62 mm.

En donde son inexistentes las posibilidades de defensa del efectivo del orden en una guerra que lleva más de 34 años, cuyo enemigo y aliado del narcotráfico del cual se sustenta logísticamente y económicamente es el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso.
Un país o territorio para alcanzar ese estatus debe caracterizarse por un escaso poder de las autoridades, graves deficiencias legales, un Estado demasiado débil y funcionarios permeables a la corrupción.

El principal problema de seguridad que tenemos en el Perú es el narcotráfico, y de él derivan varios temas de seguridad ciudadana. El Perú produjo 320 toneladas de cocaína al año (2013), de ellas, solo se decomisaron veinticuatro, según el informe del Departamento de Estado de los EEUU, es decir, el 13% de lo producido.

Acá viene lo peor: por vía aérea, en pequeñas avionetas, en el 2013, han salido de nuestro territorio entre 150 y 180 toneladas (es decir 180 mil kilos). Cada avioneta, además, transporta entre 200 kilos y 400 kilos. ¿Cuántos vuelos se han tenido que realizar? ¡600 vuelos! ¿Para qué tenemos la Constitución Política?

Para empezar, para proteger la soberanía nacional. ¿Para qué tenemos equipos y naves en la Fuerza Aérea? ¿Quién debe defendernos? Desde el 11 de setiembre de 2,001 en Nueva York, cuando se atacó a las Torres Gemelas en pleno Centro Financiero Mundial, todos los Estados del mundo reforzaron su espacio aéreo, menos el Perú. Entonces, lo que tenemos es una situación de inercia estatal.

Actualmente las drogas están destruyendo a los jóvenes, desmembrando familias, aumentado la inseguridad en todo el Perú y alternando la economía mundial, ya que éstas son distribuidas de manera ilegal. El tráfico de drogas es el peor problema de este tiempo, tanto así que los narcotraficantes proveen recursos a los terroristas, contrabandistas, especuladores, funcionarios corruptos y delincuentes comunes.

La lucha contra el narcotráfico es una prioridad que involucra a todo el mundo, con la cual se busca determinar soluciones de combate para un mejor desarrollo económico, político y social nacional.

La situación geopolítica del Perú, la precaria salud mental de la población y la pobreza extrema contribuyen a nuestra posición como país productor de hoja de coca, materia prima para la elaboración del alcaloide. El estado carece de la capacidad política, legal, económica e inclusive logística para combatir el cultivo ilegal y la producción de estupefacientes.
La juventud peruana accede en su mayoría a un sistema educativo empobrecido que no fortalece su autoestima y fomenta la aparición de anti valores, tenemos los peores indicadores de presupuesto, ejecución presupuestal, bajo nivel de comprensión de lectura, de comprensión lógico – matemática y deficiente infraestructura educativa. Lo cual está directamente manejado por los políticos peruanos que conforman en Narco Estado Peruano, ya que esta es una forma entre otras de mantener en la ignorancia más lamentable al pueblo peruano, para que el narcotráfico y la corrupción tengan un excelente caldo de cultivo para desarrollar sus operaciones, como el lavado de activos, los casinos donde impera el vicio de la ludopatía, la trata de blancas, la trata de niños, la minería ilegal, la tala indiscriminada de los bosques amazónicos entre otras lacras que imperan con total impunidad en nuestra sociedad peruana, a vista y paciencia de las autoridades y con el silencio cómplice de los principales medios de prensa que no le dan la importancia que merece este tema. Los medios de comunicación tampoco son de gran ayuda en su papel de vehículo educativo potencial. Además a los estudiantes en todos los niveles no se les provee de información adecuada respecto a su salud por lo cual su ignorancia respecto al tema es total en la mayoría de los casos.

La familia peruana, no posee las herramientas necesarias para prevenir y protegerse de la influencia del entorno. Además, los medios de comunicación promueven la difusión de paradigmas estereotipados que distorsionan la realidad.

En los canales de televisión abierta se transmiten en horarios estelares todo tipo de inmundicias que alienan el cerebro de los peruanos, en lugar de transmitir programas que despierten valores, actitud para el trabajo, el estudio, la investigación y las imágenes de los acontecimientos mundiales que están haciendo que cada vez esté más lejano el desarrollo económico y social para el pueblo peruano, y que en otros países se maneja de manera profesional y transparente con políticas de estado que favorecen el desarrollo humano, fomentando la ciencia y la tecnología y por consiguiente su competitividad en pleno Siglo XXI donde, los países que no logren educar adecuadamente a su población estarán condenados a desaparecer por los acontecimientos casa vez más críticos como el cambio climático, en donde solo podrán sobrevivir los países con mayores ventajas competitivas. El papel del estado peruano en política preventiva es casi nulo en este sentido relegándose ésta función a ONG’s privadas.

Un urbanismo mal planificado que favorece la tugurización y que separa al individuo aislándolo de su entorno primario (familia) y dificultando su comunicación con ellos. Esto es una percepción más amplia de los efectos de la alienación que produce la sociedad de consumo y la estimulación de las necesidades artificiales. Este urbanismo mal planificado además trae consigo la escasez de lugares de distracción adecuados probablemente debido a la discriminación presente en la sociedad peruana.

La facilidad de acceder a las drogas en el país. Debido a nuestra condición de productor, la cocaína es barata, fácil de conseguir y además se encuentra ya en todos los niveles sociales. Un paquete de pasta básica de cocaína cuesta en la calle S/.0.50 con lo que con S/. 10.00 un consumidor se fuma un paquete de 20 cigarrillos, quedando en un estado de exitación tal que es capaz de asesinar a su padre, a su madre o de asaltar a cualquier transeúnte por S/. 20.00 capaz de asesinar de una puñalada o un balazo a quien se atreva a defenderse. Todo esto con conocimiento de la Policía Nacional que sabe donde están los lugares de distribución y conocen quienes son los intermediarios y los distribuidores minoristas, pero que dejan hacer y dejan pasar, porque además las leyes están hechas para beneficiar a los delincuentes y perjudicar a las fuerzas del orden en el Perú.

EL NARCOTRÁFICO

El narcotráfico es un problema cuyas dimensiones supranacionales se han expandido notablemente en los últimos años. Desde luego es un negocio ilícito que se desarrolla a través de diversos territorios nacionales, desde el cultivo, elaboración, distribución y comercialización de la droga y, finalmente, el lavado de dinero y la inversión de las utilidades. Asimismo, evoluciona y se acondiciona a los nuevos escenarios que se presentan, como lo evidencia la proliferación de las drogas sintéticas que han adquirido mayor relevancia, lo que a su vez plantea el desafío de combatir también la desviación de precursores químicos.

Se trata, al mismo tiempo, de un problema que afecta seriamente la gobernabilidad de los sistemas democráticos, por las consecuencias sociales y políticas que es capaz de provocar. En efecto, tiene un alto componente de violencia, la que utilizan las bandas, mafias y carteles tanto para proteger sus intereses como para intimidar y atacar a agentes del Estado y particulares que representan una amenaza para el negocio ilícito. Implica, además, un alto potencial de corrupción, dado que para favorecer sus actividades clandestinas buscan comprometer a los integrantes de las fuerzas policiales, del Poder Judicial e incluso a autoridades legislativas y ejecutivas. Por último, su actividad económica, en especial la relacionada con el lavado de activos contribuyen a generar una economía subterránea que llega a condicionar la economía formal.
Es este sentido en el Perú se han lavado en los últimos años US $ 10,000’000,000.00 de dólares en donde banqueros corruptos cobran 50% de comisión, para la emisión de un cheque de Gerencia o un Giro contra un banco corresponsal con plaza en la Ciudad de Nueva York, con estos documentos bancarios firmados por dos gerentes con firma “A” el narcotraficante puede realizar lo siguiente:

Con el Giro puede abrir una cuenta corriente en un banco Off Shore con plaza en un paraíso fiscal y financiero como la Ciudad de Luxemburgo, Gran Caimán o Bahamas, entre otras, en cuentas cifradas donde puede hacer las transferencia vía Swift a cualquier cuenta corriente a y cualquier banco del Mundo.

Con el Cheque de Gerencia puede ir a un Notario Público que al ver el documento bancario con las firmas autorizadas, en vista que están comprometidos el Oficial de Cumplimiento del Banco que tiene rango de gerente, el Auditor Interno, el Auditor Externo, La Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva y la Gerencia del Banco, notarialmente se da fe de la compra de activos como, inmuebles, empresas, valores en bolsa con lo que se pueden hacer directores y hasta presidentes de empresas corporativas.

En el caso de los lingotes de oro, los banqueros mafiosos con una comisión de 50% le otorga el Certificado Bancario del Oro correspondiente al valor del mercado en el momento de su negociación, estos certificados usualmente son depositados en Cajas de Seguridad en las bóvedas de los bancos y con ellos atesoran los narcotraficantes ingentes cantidades de dinero, que son de uso disponible a la vista al precio de la plaza de Londres o New York en el momento de su conversión a la moneda que prefiera en narco.
Hablar del narcotráfico es, en muchos sentidos, hablar del Estado.

Es imposible entender esta actividad sin el papel que ha desempeñado el Estado en su surgimiento, al declarar la producción, tráfico y consumo de algunas drogas como una actividad ilegal. Pero también es difícil entender su poder y alcance sin la protección del Estado a esta actividad. Obviamente, estamos hablando de una alianza non sancta, de un entendimiento que tiene como base la corrupción pero que va más allá de eso: en el fondo lo que hemos visto en el siglo XX, es un matrimonio por conveniencia entre el narco y el Estado. Y en ello hay que ser muy claros: no es sólo el beneficio personal e ilegítimo que obtiene un funcionario encargado de combatir el narcotráfico por mirar hacia otro lado cuando pasa un cargamento de droga. Son los beneficios que deja el narco a la economía de un país, los empleos que genera, la infraestructura que crea, los vacíos que llena ahí donde el Estado no llega.

Es el papel de proveedor de servicios públicos que el propio Estado no alcanza a desempeñar. En otras palabras, el peso del narco en un país va más allá de la corrupción: es un actor económico importante, y puede llegar a ser imprescindible. Sin embargo, la relación entre narco y Estado tiene sus reglas y sus límites. Como vamos a ver más adelante, la penetración total del Estado por parte del narcotráfico puede ser contraproducente. La corrupción total también. Esto hace que la relación del narcotráfico con el poder sea más complicada de lo que parece.

EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO

El narcotráfico es una forma de crimen organizado que comparte los rasgos generales de este fenómeno. El crimen organizado tiene las siguientes características: a) no es ideológico y, por lo tanto, no tiene metas políticas (su meta es el lucro); b) tiene una estructura jerárquica; c) tiene una membrecía limitada (basada muchas veces en lazos étnicos o de parentesco); d) es una actividad continuada a través del tiempo; e) usa la violencia, o la amenaza de la violencia, y el soborno; f) muestra una división específica del trabajo; g) es monopólico; y h) está gobernado por reglas explícitas (incluido un código de secreto). A estas características clásicas, habría que añadir que: i) es un fenómeno que se ha vuelto crecientemente trasnacional; j) el dinero del crimen organizado suele infiltrar las economías legítimas e incluso llega a tener negocios y socios legítimos; k) con frecuencia su liderazgo no se involucra en actividades ilícitas; l) utiliza la violencia en su relación con otras organizaciones criminales aunque en ocasiones existe cooperación y, finalmente, m) suele penetrar el Estado en diversa medida.

CARACTERÍSTICAS DEL NARCOTRÁFICO

El narcotráfico presenta estas características pero suele, además, tener algunas especificidades: a) es un fenómeno global que, sin embargo, no afecta de manera igual todos los Estados; b) es un delito consensual en el cual tanto la víctima como el victimario están de acuerdo; c) no existe un criterio claro de éxito en su combate; d) las cifras sobre la producción y las ganancias son poco confiables; e) es un delito creado hace aproximadamente un siglo por una decisión de la comunidad de Estados, en el sentido de declarar ilegales algunas drogas; f) es difícil establecer una línea que separe la falta de voluntad de la falta de capacidad de un Estado en su combate; y g) tiene una capacidad de acumulación sin precedente en la historia, por las grandes cantidades de dinero que genera en cortísimos periodos de tiempo.

Estas características del narco le han permitido establecer una relación particular con el Estado a lo largo del tiempo. Dicha relación tiene tres grandes aristas. Primero está la confrontación. Ésta es una relación intermitente que se da cuando el narco crece demasiado y busca un nuevo equilibrio en su relación con el Estado. La confrontación aparece cuando el narco comienza a crecer en un país y desafía al Estado. Sin embargo, la confrontación no es la forma de relación más funcional para el negocio del narcotráfico. Es más bien el síntoma de que se están reacomodando las cosas entre el narco y el Estado. Cuando la confrontación desaparece es porque las bandas del narcotráfico son como cualquier otra banda delictiva y no amenazan al Estado, o porque el Estado se ha corrompido lo suficiente para dejar de combatirlas, o por las debilidades propias de un gobierno.

NARCOCORRUPCIÓN 
La segunda forma en que se relaciona el narco con el Estado es precisamente esta última: la corrupción. Pero ésta es una relación mucho más compleja de lo que se piensa. La corrupción tradicional que genera cualquier actividad de crimen organizado es la del policía que voltea la vista hacia otro lado cuando pasa el cargamento de droga, o de armas, o de personas. A diferencia del juego de póker, donde se "paga por ver", aquí se paga por "no ver", por mirar para otro lado. Sin embargo, la corrupción que genera el narco va más allá: también se paga para no ser detenido, para en caso de serlo, no ser condenado y, en caso de serlo, poder escapar de la prisión.

Se paga también por información sobre posibles operativos policiacos, para poder eludirlos, y también por información sobre "traidores" y sobre las actividades de las bandas competidoras. Incluso se paga para usar al Estado en contra de las bandas competidoras. Más aún, en ocasiones el Estado trabaja para los narcos: no sólo no los persigue sino que les da protección.

De hecho, éste es el mejor escenario para los narcotraficantes: uno en el cual el Estado es relativamente eficiente en varias áreas salvo en perseguirlos. Es falso que el narco busque la desaparición del Estado. Incluso es falso que el narco prefiera un tipo de régimen. No hay tal. Pero sí prefiere un gobierno estable, un gobierno que funcione aceptablemente bien.

De hecho, un gobierno eficiente que es discretamente corrompido es mucho más útil al narco que un gobierno ineficiente: les ahorra trabajo, los ayuda en su actividad, los hace desaparecer del ojo público. Un gobierno abiertamente vinculado con el narco les resulta disfuncional, pues atrae la atención de la opinión pública y la presión internacional. Al narco, a pesar de las conductas de algunos de sus líderes, le conviene más la discreción y el anonimato. La notoriedad es dañina para el negocio.

Por ello, los grandes y ruidosos cárteles de la droga que florecieron en Colombia en los años ochenta y en México en los noventa son disfuncionales. Por ello también la tendencia es hacia cárteles de menor tamaño, menos visibles, menos conspicuos. Claro, eso a veces choca con la personalidad de algunos capos de la droga, a los que les gusta lucir su poder.

La fama no es buena para el negocio. Lo mismo va para los políticos corruptos: si la corrupción es conocida por todos, dejan de ser útiles. En los gobiernos democráticos es muy costoso mantener en puestos de poder a algún funcionario notoriamente corrupto. Los hay, pero es costoso.

Todo esto apunta a que los Estados mafiosos contemporáneos han adquirido una importancia que nos obliga a repensar las concepciones tradicionales según las cuales el orden mundial está fundamentalmente compuesto por Estados-nación y organizaciones no gubernamentales que operan internacionalmente (empresas, entes religiosos, filantrópicos, terroristas, criminales, educativos..., etc.). El Estado mafioso moderno es un híbrido cuyas conductas y alcances aún no entendemos bien. En gran medida porque todavía no nos hemos dado suficiente cuenta de su existencia.

CONSECUENCIAS SOCIALES POR CONSUMO DE LA DROGA EN EL PERU

A nivel social, conduce al deterioro de la calidad de vida, los jóvenes consumidores o micro-comercializadores cometen actos delictivos debido al deterioro de su salud mental y se tornan peligrosos para el resto de la sociedad. En algunas sociedades, la aparición del narcotraficante es vista como sinónimo de mejora económica evidenciando así el nivel del problema de la insatisfacción de las demandas elementales por parte del estado. Algo que caracteriza a las organizaciones que producen y comercializan cocaína, llamados cárteles o mafias, es la violencia organizada y su alianza con otros tipos de delincuencia, principalmente el terrorismo. Es conocido el caso de las FARC en Colombia y de Sendero Luminoso en el Perú, organizaciones que obtuvieron y obtienen gran parte de su financiamiento mediante el narcotráfico.

Algo más grave aún y que genera consecuencias indirectas gravísimas para el desarrollo del país es la corrupción de funcionarios estatales e incluso de personajes de las altas esferas políticas que son puestos al servicio de estas agrupaciones, convirtiendo al Estado en un narco-estado. Implica además que algunos delincuentes con multitud de crímenes en su prontuario gocen de beneficios legales obtenidos mediante el soborno y la extorsión.
Describir las situaciones que aparecen por la existencia del problema a saber: delincuencia juvenil, pandillaje, violencia. La cocaína en sus diversas formas aparece vinculada a la violencia. Su abstinencia conduce a estados de depresión profunda, esto debido a su acción fisiológica.

La cocaína es una droga que despierta la agresividad, un estimulante que da una sensación de poder, de que estás en la cima del mundo. Pero es un poder ilusorio que desaparece cuando se desvanecen los efectos de la cocaína, sin que el individuo haya aprendido nada. Provoca un estado muy falso, sin aprendizaje, que lleva al individuo al escape temporal de sí mismo.

Esta droga a la juventud la distorsiona y crea bases para una nueva sociedad anormal, como es el caso de:

1. Deserción escolar y universitaria, descenso abrupto en el desempeño y en la salud mental de muchos jóvenes en edad educativa o en su inicio laboral. Esto afecta enormemente el potencial humano del Perú, el cual es un país joven.
2. Distorsión de los valores en la juventud: Al criarse en una ambiente hostil, los jóvenes crecen con una percepción distorsionada del mundo, lo cual afecta directamente a sus expectativas y su forma de plantear el futuro, así como su manera de relacionarse con otras personas.

LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO EN PERÚ

Si bien es cierto, la hoja de coca tiene un uso tradicional en el Perú desde hace unos 2.000 años, durante el virreinato español hubo una posición ambigua al respecto: mientras se intentaba erradicarla en el actual territorio de Ecuador, era usada en Perú y Bolivia, como medio de pago a los trabajadores mineros y agrícolas, quienes la consumían para soportar el riguroso clima, la accidentada geografía y las duras condiciones laborales que padecían.

Esta situación se prolongó durante la época republicana y en ciertas regiones, hasta hace unos 45 años, circunstancia que explica en parte, una actitud controversial de la población tradicionalmente usuaria de la hoja de coca, frente al posterior empleo que se le dio a esa planta, como insumo básico para la producción de cocaína, luego contrabandeada por las mafias del narcotráfico.

En etapa más reciente, el escenario se complicó para el Perú, debido a la alianza con el narcotráfico forjada en la década del ochenta, por grupos terroristas como Sendero Luminoso (SL) y el MRTA; que todavía mantiene SL brindando protección a los narcotraficantes, a cambio de financiamiento y provisión de recursos logísticos, para los casi 500 efectivos que conformarían su golpeada organización, según el informe "Estrategia nacional para el control de drogas", emitido en marzo del 2004, por el Gobierno de EE.UU.

Estadísticas del independiente "Centro de información y educación para la prevención del abuso de drogas" (Cedro) y la estatal "Comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas" (Devida), revelan que hasta el año 2003, existían unos 20.700 campesinos cocaleros, pertenecientes a núcleos familiares de 5 a 6 personas en promedio. Es decir, unos 124.200 peruanos dependen del cultivo de la hoja de coca para su sustento, situados mayormente en los valles del Alto Huallaga, y el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE) entre los departamentos de Ayacucho, Cusco y Apurímac, donde se aglutina la más fuerte actividad de las once "cuencas cocaleras" del país: Marañón, Monzón, Apurimac, Putumayo, Huallaga, Aguaytía, Pachitea, Ucayali, Urubamba, Tambopata, San Gabán.

Muchos de quienes procesan droga, obtienen los insumos o precursores químicos, directamente de las empresas distribuidoras de EE.UU., China, Chile, Francia, Alemania, Holanda y Venezuela, así como del contrabando.

La comercialización de tales insumos es controlada por el Ministerio de la Producción, que tiene inscritas 2.128 empresas, de las cuales 755 funcionan en Lima, 223 en La Libertad y 141 en el Callao. Las demás están desperdigadas en el resto del país; las compañías que desvían estos productos, son generalmente nuevas y sus "propietarios", personas desocupadas captadas como testaferros por los narcotraficantes. No obstante, otras entidades formales, se valen de una doble facturación para evadir el control.

NARCOTRÁFICO vs. MEDIOAMBIENTE

En los últimos 25 años, la deforestación vinculada a los diversos aspectos del cultivo de coca y a la elaboración y transformación de drogas, podría haber alcanzando hasta 1’000,000 hectáreas en todo el Perú, aunque en realidad es necesario hacer estudios más rigurosos sobre e! tema, que consideren la ubicación de las zonas afectadas y sus posibilidades de recuperación.

La preparación de terrenos para el cultivo de coca, usualmente ha conllevado la remoción de grandes superficies de terreno, eliminando toda planta competitiva, a lo cual se añade el proceso de defoliación que durante las cosechas aumenta la exposición del terreno a las lluvias tropicales, agudizando la eliminación de los nutrientes del suelo y empobreciéndolo.

Otro factor involucrado en la deforestación, ha sido el empleo de agroquímicos con el fin de lograr mejores rendimientos de coca, lo que empeora, cuando muchos terrenos ideales para instalar cultivos de panllevar, ricos en nutrientes y capacidad productiva, ubicados en las cercanías de ríos con gran riqueza en fauna y flora, sufren una severa contaminación con materiales residuales del procesamiento de droga. Estudios oficiales calculan, que como consecuencia de la producción de droga, son eliminados en el suelo y en los ríos, unos 15 millones de litros de agua mezclada con kerosene, 8 millones con ácido sulfúrico y 1.600.000 litros con acetona, cal viva, carbonatos y otras sustancias.

DESTRUYEN PARQUES Y RESERVAS NATURALES

La presencia de cultivos ilícitos, esencialmente coca y amapola, en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Perú, representa una amenaza concreta al mantenimiento de la calidad biológica, la estabilidad de los procesos ecológicos y la biodiversidad de especies y paisajes contenida en estos terrenos.

Las proyecciones más benignas, sugieren que en estas áreas habrían unas 4.000 hectáreas de cultivos ilegales, provocando efectos catastróficos, ya que para elaborar un kilo de pasta básica de cocaína se utilizan 100 kilos de hoja de coca, 1.4 kilos de ácido sulfúrico, 1 kilo de carbonato de sodio y 128 litros de kerosene.

El cuadro más patético, aparece en el Parque Nacional (PN) Tingo María, ya que sus 14.000 hectáreas se encuentran prácticamente aprisionadas en la cuenca cocalera del Alto Huallaga, amenazando seriamente su riqueza biológica: 144 especies vegetales y 104 especies de animales superiores; más aun, si el 20% de su territorio está ocupado por 500 núcleos familiares, cada uno con unas 7 hectáreas cultivadas.

Nuevos reportes basados en imágenes satelitales, muestran estos cultivos ilícitos, en el PN del Manu (zona de amortiguamiento del Alto Madre de Dios); de igual forma, en el PN Bahuaja Sonene (zona de amortiguamiento en sector Colorado, Alto Inambari y Putinapunco), cerca a la frontera con Bolivia, donde incluso se ha detectado un aeródromo clandestino. Aparte, han sido afectados, el PN Cordillera Azul; el PN de Otishi; Santuario Nacional Tabaconas y PN Yanachaga Chemillén.

SINIESTRA TENDENCIA.

El crecimiento de tales sembríos dentro de las ANP (Áreas Naturales Protegidas), tendría varias motivaciones: una propensión de los agricultores cocaleros y otros vinculados a la cadena de producción de cultivos ilícitos, a evadir las acciones de interdicción de las fuerzas del orden, movilizando sus cultivos hacia regiones con cobertura boscosa, de poco tránsito, escaso control policial, así como de difícil y costoso acceso.

Otro elemento que fomentaría dichas plantaciones en las ANP, sería la alta rentabilidad que estaría alcanzando la hoja de coca. En los últimos meses se ha comprobado -igual que e en otras regiones- que la demanda de esta planta por parte de los cárteles del narcotráfico, colombianos y mexicanos, se ha acrecentado.

Todo apunta, a que la masa monetaria en las cuencas cocaleras peruanas está ascendiendo, debido a problemas en la oferta de coca colombiana, por la ofensiva que han emprendido las Fuerzas Armadas Colombianas sobre las zonas cocaleras y de amapola, controladas por los terroristas de las FARC y el ELN, unido al reinicio del programa de la Fuerza Aérea Colombiana, para la supresión del tráfico aéreo destinado al traslado ilegal de drogas, armas y dinero. El indicio que mejor pondría de manifiesto el nuevo "boom" de este cultivo, es el exorbitante precio alcanzado por la semilla de coca. Este producto que hasta hace poco se obsequiaba, hoy se vende a ¡50 dólares la lata! Es decir, los cocaleros ahora pueden producir más coca que antes por hectárea y luego venderla a un excelente precio.
El despegue de la coca, ha provocado la bonanza en los poblados del VRAE, donde se produce droga o provee de hoja de coca para el 80% de la cocaína peruana. De acuerdo a la policía antidroga, en dicha región opera una mafia integrada por mexicanos del Cártel de Tijuana, que acopia la droga en grandes cantidades para luego llevarla hacia Brasil, contratando a cientos de mochileros que son protegidos por los terroristas de SL (Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso).

Aún hay algo más perturbador, por el proceder de muchos cocaleros (no todos): aquel "pobre agricultor", que siembra sólo una hectárea de coca en el VRAE y cosecha dos veces al año, estaría recibiendo unos 22 mil dólares anuales, monto superior al que le podría brindar cualquier producto lícito; lo que explica en parte, el rechazo a programas de desarrollo alternativo.

Ello sucede, por que el "negocio" para estos malos agricultores, ya no es sólo el cultivo de hoja de coca. Los narcotraficantes les han enseñado a instalar su propia poza de maceración para producir pasta básica de cocaína, convirtiéndose así en "pequeños" narcotraficantes. Por cierto, en noviembre de 2004, la policía intervino 94 laboratorios de pasta básica de cocaína y decomisó 1.650 kilos de droga en dicha región del Valle del río Apurímac-Ene (VRAE), verificando que en Cayapo, Llochegua, Sivia, Quistovalle y otros, el 80% de los campesinos elabora droga.

RESULTADOS CONCRETOS, PERO INSUFICIENTES.

Desde el año 2001, cuando se suspendieron los vuelos de interceptación antinarcóticos que efectuaba la Fuerza Aérea del Perú, debido a un accidente donde murieron inocentes, la misión de combatir al narcotráfico corresponde a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sólo brindan apoyo logístico o participan en operaciones conjuntas, donde los narcotraficantes y los terroristas de SL, actúan en forma coordinada.

El dinamismo de la DIRANDRO, ha permitido que en el 2003, destruya o decomise 42.082 kilos de drogas diversas y en el transcurso del 2004, intervenga a 8.130 personas vinculadas al narcotráfico, incaute 14.500 kilos de drogas variadas y erradique más de 5,000 hectáreas ilegales de hoja de coca.

Adicionalmente, el golpe asestado al narcotráfico en octubre del 2004, es uno de los más fuertes de este año, según el balance del operativo "Monzón 2004" expuesto por el Ministerio del Interior. El resultado de esta exitosa intervención en la zona de Tingo María (Huánuco), dejó la destrucción de 125 laboratorios para elaborar pasta básica de cocaína y la incautación de 2.500 kilos de dicha droga, junto a insumos y materia prima.
Para la ejecución de estas acciones antinarcóticos, se utilizaron dos helicópteros de fabricación rusa Ml-17 "HIP" y siete helicópteros estadounidenses UH-1 H modelos "Huey I" y "Huey II", que se sumaron a las fuerzas policiales a través de un convenio antidrogas firmado con EE.UU.

A propósito, enfatizando la interdicción antidroga, el gobierno de EE.UU. entregó en calidad de donación, ocho helicópteros a la Policía Nacional del Perú, hasta fines del 2004 y ocho helicópteros en el 2005. Seguro es consciente, que una vulnerabilidad de la estrategia antinarcóticos peruana, es el bajo volumen de cocaína incautada anualmente: sólo el 6.4% de la producción potencial total.

Siendo la lucha contra el narcotráfico una política de Estado en el Perú ya que el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso está íntimamente ligado al narcotráfico en el VRAEM, siendo abastecido en su logística, economía y poder político, constituyéndose en el principal enemigo interno de las Fuerzas Armadas y la Policía nacional, que son los involucrados en esta guerra que es de la Nación Peruana y de los políticos que no están con el Narco Estado, siendo la reserva moral del País hoy por hoy son la minoría en los estamentos de los poderes públicos, dicho flagelo aún constituye una seria amenaza para su seguridad y estabilidad, al tener efectos devastadores en lo social, económico, medioambiental y político; mientras tanto, el Estado peruano debe esforzarse por consolidar una estrategia equilibrada, donde junto a la interdicción antinarcóticos, se afiancen programas viables de sustitución de cocales por cultivos alternativos; en tal sentido, es necesario un apoyo más integral de la comunidad internacional hacia el Perú, de acuerdo al principio de responsabilidad compartida; a fin de enfrentar en mejores condiciones, a las mafias de las drogas que disponen de ingentes recursos y manifiestan una tendencia a estrechar lazos con el terrorismo.

Es de nuestra mayor expectativa y denota que el caso peruano está siendo considerado por los niveles más altos del poder político mundial, el reciente nombramiento del nuevo embajador de Los Estados Unidos en el Perú, el nuevo Embajador Sr. Brian A. Nichols, dio inicio a sus funciones en el Perú tras presentar copias de credenciales ante el Gobierno del Perú.
El Embajador Nichols ocupó el cargo de Sub-Secretario Principal Adjunto en el Buró Internacional Anti-Narcóticos del Departamento de Estado de los estados Unidos de América. Entre el 2007 y el 2010, el Embajador Nichols fue Ministro Consejero en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia. De 2004 a 2007, fue Director de la Oficina de Asuntos del Caribe en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. De 2001 a 2004, fue Consejero para Asuntos Políticos en la Embajada de los Estados Unidos en Yakarta, Indonesia. También ha servido en México y El Salvador.

En el año 2011 al Embajador Nichols le fue otorgado el Premio Presidencial al Servicio Meritorio. Durante su carrera ha recibido seis Premios de Honor Superior así como múltiples reconocimientos del Departamento de Estado Americano.

SOLUCIONES ESTRUCTURALES PARA PROBLEMAS ESTRUCTURALES

El Narco estado en el Perú se ha consolidado como un problema estructural que trasciende el desarrollo económico y social de la república, comprometiendo seriamente la estabilidad democrática y las relaciones internacionales, ya que en Estados Unidos y Europa principales socios comerciales del Perú, se ve con preocupación la marcha de las instituciones democráticas peruanas comprometidas con la narco corrupción, siendo actualmente el Perú el primer exportador mundial de cocaína en el Mundo, habiendo pasado a Colombia en este rubro ya que en dicho país vecino existe un Plan Colombia, donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la cooperación internacional fundamentalmente con el Gobierno Americano, vienen incautando cerca del 30% de la producción de cocaína en ese país, mientras que en el Perú no se incauta ni el 5% de la producción de esta droga, que ya hemos visto cuánto daño hace a la humanidad.

El Planeamiento Estratégico es la solución práctica para atacar esta lacra social, todo debe de empezar por la súper estructura y aterrizar por la infraestructuctura, es decir se debe establecer una Política de Estado a nivel de Acuerdo Nacional en principio, ya que esta lucha es a largo plazo y trasciende a los gobernantes de turno, que solo duran 5 años en el gobierno y si no hay una normativa legal dada a nivel de Congreso de la República, debidamente financiada por el Poder Ejecutivo de acuerdo a un planeamiento de Largo, Mediano y Corto Plazo que aterrice en presupuestos con seguimiento mensual a través de un tablero de mando, manejado a nivel del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en estrecha operatividad con la Policía Nacional, jamás se combatirá en forma seria y decidida esta lacra social, que está destruyendo la institucionalidad democrática del Perú.

Todos los actores políticos e institucionales que convergen en el Acuerdo Nacional deben fijarse las metas y las estrategias a largo plazo para solucionar este problema estructural, para acto seguido el Congreso de la República de las normas legales que hagan viable constitucionalmente y administrativamente este Plan Antinarcóticos, eliminando todas las leyes que han permitido el auge de este negocio ilegal en complicidad con políticos corruptos, de los cuales tenemos lamentablemente una gran mayoría. Luego que se ha creado democráticamente el marco legal adecuado para luchar frontalmente este cáncer social, es el Poder Ejecutivo a través del CEPLAN y el MEF quien debe dar a través del SNIP, El Presupuesto Anual y el SIAF, de dotar los recursos económicos para atacar frontalmente al Narcoterrorismo y sus aliados enquistados en el Estado Peruano.
El tablero de mando integrado para el seguimiento de esta guerra deberá estar en el más alto nivel de coordinación con los Ministerios implicados en esta lucha, como son el Ministerio de Defensa, del Interior, Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Salud y Educación, promoviendo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros una adecuada información, a través de los medios masivos de comunicación públicos como privados, sobre todo estos últimos que no estén comprometidos con las mafias de la droga en el Perú.

ECON. PEDRO CÉSAR CRISANTO MONGESS

Reg. C. E. L. No. 7096

Viernes, 18 de julio de 2014

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