CASTILLA, EL GRAN LEGISLADOR

El ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, ha advertido a los miembros de Educación del Congreso de una probable inaplicabilidad de la Ley de Reforma Magisterial si el Congreso insiste en las modificaciones introducidas al proyecto original enviado por el Ejecutivo.

La Comisión de Educación del Congreso introdujo en el proyecto cambios en la escala remunerativa, la convocatoria a ascensos cada determinado tiempo, el incremento de las facultades de los directores de los colegios y la evaluación de estos por el Ministerio de Educación. Se esperaba un debate serio entre el gobierno y el parlamento pero el MEF ha vetado todo cambio y asumido la posición de gran legislador, violando los fueros del parlamento y dejando de lado una práctica común de los estados modernos donde gobiernos y congresos negocian y concuerdan. Peligrosamente, el MEF asume además conductas propias del Tribunal Constitucional, decidiendo qué ley no es aplicable.

El motivo del veto es la decisión de la Comisión del Congreso de reformular las escalas en la nueva ley. De ese modo, los docentes de los niveles I y II de la Ley del Profesorado serán ubicados en la I Escala Magisterial, mientras que los del III nivel magisterial estarán en la II Escala Magisterial. Asimismo, los que se encuentran en los niveles magisteriales IV y V serán ubicados en la III Escala Magisterial de la nueva ley. Esto es una mejora si se toma en cuenta que en el proyecto enviado por el Ejecutivo se contemplaba que los profesores del III, IV y V niveles iban a ser ubicados en la II Escala Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial.

En visión del MEF los cambios merecen el calificativo de excesivo optimismo; en la visión de los profesores y del Congreso es un acto de justicia, que si bien implica, según el MEF, el incremento de 720 millones adicionales, es una inversión que forma parte de un conjunto más ambicioso de cambios en la educación.

La ideología que esconden estos argumentos salta a la vista. El MEF procura una reforma de la calidad de la educación con salarios deprimidos y pretende una meritocracia con sueldos bajos. Esta concepción ya hizo fracasar la Ley de la Carrera Pública Magisterial porque el MEF impidió con los mismos argumentos de ahora el ingreso de más profesores al nuevo régimen. Esa norma fracasó por falta de financiamiento.

El veto del MEF ha impedido la solución de varios conflictos, de modo que en el gobierno parecen existir dos oficinas de conflictos: una en la PCM a cargo de la solución y otra en el MEF a cargo del bloqueo de salidas. La dinámica de un superministerio que opera como autoridad social, salarial, pensionaria, educativa, y ambiental fue advertida en los recientes conflictos de los médicos de EsSalud, trabajadores del Ministerio de Salud, docentes universitarios y trabajadores del Poder Judicial. Es evidente que la demora casi geológica a la desesperante situación salarial y pensionaria de las FFAA y de la PNP se origina en ese ministerio.

Contrasta esta guardianía con la solícita y sospechosa disposición a allanarse al fallo del TC en favor del pago de los bonos de la reforma agraria. El MEF casi le ha sugerido al TC aprobarlo, sometiendo al Estado a una deuda impagable.

El Ministerio de Educación y no el MEF es el ente rector en materia educativa y es la institución que debería demostrar qué cuota de meritocracia debería alcanzarse con la adopción de determinadas escalas remunerativas. Por otro lado, el parlamento no debería pasar por alto esta amenaza y haría mal si baja la cabeza y se allana a una postura arbitraria. El Congreso no es una mesa de partes.