REFORMA DEL ESTADO

POR: UBALDO TEJADA GUERRERO – Analista Global – utguerrero31@gmail.com

La tragedia del Perú consiste en no contar durante la república, con una clase dirigente, capaz de asumir un proyecto nacional y democrático, de construir una sociedad integrada, moderna e independiente, y de dotar al pueblo con los medios para su desarrollo, progreso y cultura.

Haciendo historia, la reforma del Estado es un tema pendiente, y esta no será posible mientras no se enfrente el problema de los recursos humanos del sector público. Existen varios intentos para a ordenar el servicio civil en el Perú a partir de 1990, donde el núcleo duro era cambiar el concepto de Estado bienestar por Estado neoliberal, el concepto laboral de derechos adquiridos por la de hechos cumplidos y que tienen que ver con la actual Constitución de 1,993.

El primero lo constituye el cierre de la carrera administrativa (DL 276) durante el gobierno fujimorista en 1,990, se producen despidos masivos durante la privatización de las empresas públicas y crean nuevas modalidades de contratación y formas de ingreso a la administración pública (DL 728 y Servicios no Personales), desactivación del IPSS y creación de la ONP.

El segundo comprende de 1995 a 1997. Se desactiva el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), quedando el Perú sin un diseño de país a largo plazo, iniciándose un proceso de modernización del Estado, bajo los esquemas de las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional y el banco mundial, donde no existe un espacio de igualdad para los trabajadores.

El tercer intento de reforma va de 2000 al 2006. Se trata de establecer la institucionalidad pública y las normas sobre ética e integridad pública. Se aprueba la Ley Marco del Empleo Público (28175), que necesitaba de la liquidación del concepto de derechos adquiridos por la de los hechos cumplidos, especialmente en la ley 20530, la que se hizo mediante reforma constitucional en noviembre del 2,004 por el ex Presidente Alejandro Toledo.

El cuarto se inicia con la creación de SERVIR, como rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Se cambia el término empleo público por el de servicio civil.

Tres son los regímenes laborales generales y los más conocidos: carrera administrativa (Decreto Legislativo 276), régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo 728) y Contratación Administrativa de Servicios – CAS (Decreto Legislativo 1057); los cuales agrupan al 40% del alrededor de 1 millón 300 mil personas que emplea el Estado actualmente al 2,012.

La mayoría (59%) se encuentra con las carreras especiales, que agrupa a los profesores, los profesionales de la salud, los magistrados, fiscales, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares y políticos, entre otros. El restante 1% lo constituyen los gerentes públicos, quienes se rigen por el Decreto Legislativo 1024, así como quienes están en la planilla del PNUD.

La Reforma del Servicio Civil, es un proyecto de ley para una nueva carrera pública que estará basada en la meritocracia y la evaluación de desempeño y es básicamente para el ámbito administrativo: ministerios, gobiernos regionales y locales, que son aproximadamente 500 mil personas. Los trabajadores del régimen N° 276, podrán incorporarse a la Ley de forma voluntaria, pero de no hacerlo sería como quedarse congelado en el tiempo, ya que no contarían con oportunidades de ascenso y mejoras salariales. Se avecinan nuevos reclamos laborales.

La comisión encargada de elaborar el proyecto de ley del nuevo servicio civil, está integrado por la Secretaría de Gestión Pública (PCM), el MEF, el Ministerio de Trabajo y SERVIR, que tiene a su cargo la secretaría técnica, faltando la acción colectiva desde la sociedad civil

Necesitamos contar construir un nuevo país, con una mayoría nacional en busca de justicia social, otras formas para movilizar las energías nacionales y lograr desarrollo, donde siguen vigentes las tareas democráticas, con el drama histórico del Perú, de no haber podido construir una sociedad nacional, consagrando hasta hoy la fractura entre Estado y nación.