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martes, 9 de octubre de 2012

Movimiento Nueva Sociedad

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Roberto Morales

“sin legitimidad social no hay democracia”
La democracia representativa, habitualmente expresada en la coagulación de instituciones, gobiernos, instancias legislativas y estructuras jurídicas entre otros componentes fundamentales, así como en las formaciones partidarias ha venido sufriendo, cada vez más, un eclipse y una opacidad a cada momento másevidentes.
En su presencia y funcionamiento habituales,sus gobiernos y los partidos políticos se expresan a cada momento como parte de sus estructuras jurídicas y políticas institucionales, bien establecidas y, al mismo tiempo, se desentienden desenfadadamente y sin ambages de los elementos subyacentes, ósea de los apoyo de sus mandatos que es la base de los constructos que debieran ser en realidad el fundamento que explica su permanencia y los hace usufructuarios del poder.
La legitimación social es, en realidad la única base sustentadora de un mandato y de la autoridad en la que se asienta la legitimación de su ejercicio, de este modo, la legitimidad no puede originarse más que en el conceso social que se recaba, solamente en la satisfacción de las necesidades y aspiraciones colectivas. Esto puede darse, normalmente, a partir de un proceso histórico y por ello, puede ser factible a partir de un momento fundacional.
Cualquier entidad colectiva o individuo político o funcionario, hasta arribar el primer mandato, esto es, la máxima autoridad, lo es solamente en la medida en que se sujeta en por lo menos dos condiciones. La primera de ellas se refiere al mandato habitualmente, explicitodel pacto social, ó sea el conjunto de reglas establecidas por la representación legítima de la sociedad, normalmente expresas en las bases constitucionales, fundamento del estado.
La segunda emana esencialmente de los compromisos ideológicos opolíticos establecidos por los mandatarios antes sus electores que los debieran forzar a cumplir con lo sustantivo de su palabra, es decir, de su compromiso ósea el mandato ante sus electores. En ese sentido el mandatario no puede, no debiera apartarse de los lineamientos fundamentales que le condujeron al mando y al ámbito de su compromiso. Por ello, los mandatarios carecen, también en lo fundamental, de la autonomía que algunos de ellos parecieran percibir en el ejercicio de sus funciones.
Esta autonomía lo es solo en la medida en que su ejercicio atañe a cuestiones para las cuales el mandatario cuenta con normas claras y puntuales previamente establecidas. Estos son carriles que pueden recorrerse valida y obligatoriamente. No son eximibles y su omisión y comisión se encuentran normadas. Con este acotamiento, se puede, sin embargo agregar que las cuestiones fundamentales, aquellas cuya ausencia y presencia atañen al ámbito o ámbitos de las formas de vida colectivas, el acotamiento de las tareas del mandatario resulta más categórico.
Aquí también la discrecionalidad no es algo legítimo y sus limitaciones nacen de hecho en la carta de compromisos del mandatario. Esto en positivo y también en negativo. Un mandatario es igualmente infidente por no realizar lo que prometió o por efectuar aquello que no incluyo en sus compromisos y se convierte en motivo preferente de su accionar. 
En todo lo anterior, se encuentra explicita no solamente la legitimidad social si no también su necesaria vinculación con el ejercicio del poder, para que pueda considerársele como democrático. De la congruencia entre los elementos expuestos nace hoy día, de manera cada vez más clara, las cada vez más frecuentes brechas existentes en inconformidades sociales en contra de las acciones u omisiones, de los gobiernos formalmente democráticos. 

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