La legisladora oficialista Celia Anicama criticó al presidente del referido grupo, Humberto Lay, e incluso dijo que hasta ahora no sabe por qué la sancionaron
Según Anicama, las autoridades judiciales han archivado la denuncia en su contra, por lo que consideró que la Comisión de Ética “usurpa las funciones” del Poder Judicial. (Fotos: Archivo El Comercio)
Durante la sesión del pleno del Congreso de hoy, en la que se debatió el pedido de sanción a Alejandro Yovera (Acción Popular Frente Amplio) por haber consignado datos falsos en su hoja de vida, el legislador Heriberto Benítez (Solidaridad Nacional) e integranets de Gana Perú insistieron en pedir el recorte de facultades de investigación a la Comisión de Ética.
El solidario señaló que el Parlamento se está “atribuyendo” derechos que “no son de su competencia” y, agregó, que los órganos encargados de indagar y castigar un delito son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sostuvo que el caso de Yovera ya está en la vía penal y que no se puede sancionar dos veces por un mismo hecho a una persona.
A su turno el legislador oficialista Martín Rivas señaló que la Comisión de Ética por medio de un reglamento interno “no puede aplicar retroactividad maligna” para sancionar a los parlamentarios que hayan cometido un delito o falta antes de asumir el cargo.
El nacionalista Rubén Condori, quien adquirió protagonismo por votar en lugar de Rosa Mavila (Acción Popular Frente Amplio) cuando se debatía la entrega de facultades al Ejecutivo para que legisle en el sector defensa y reforma de la Policía Nacional, fue más directo y pidió la modificación del inciso 4.8 del artículo 4 del reglamento del grupo encabezado de Humberto Lay.
Condori, conocido como el ‘robavoto’, señaló que el Congreso tiene un reglamento que tiene rango de ley y que en este se establece que la Comisión de Ética debe evaluar la conducta de los legisladores durante el desempeño de su cargo. “No dice postulantes, no dice ciudadanos, la ley es clara”, manifestó.
EL CARGAMONTÓN DE ANICAMAPor su parte, la cuestionada congresista Celia Anicama, quien fue suspendida 120 días luego de que se revelara que su empresa Cable Orión ‘pirateaba’ señales de otras compañías, criticó a Lay e incluso dijo que hasta el momento no sabe por qué la sancionaron.
Según la legisladora, las autoridades judiciales han archivado la denuncia en su contra, por lo que consideró que la Comisión de Ética “usurpa las funciones” del Poder Judicial y la castigó “sin tener conocimiento de la causa”.
“Él (Lay) regresa a la comisión y no ha tenido la hombría de decir ‘señores hemos cometido un error’. (Este grupo) está dirigido, existe un complot político, no hay otra razón”, acotó.
El martes pasado la Comisión de Constitución del Congreso decidió no opinar sobre la posibilidad de recortar las facultades a la Comisión de Ética. Sin embargo, parece que el oficialismo no se ha rendido en sus intentos de debilitar el grupo presidido por Lay.
El solidario señaló que el Parlamento se está “atribuyendo” derechos que “no son de su competencia” y, agregó, que los órganos encargados de indagar y castigar un delito son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sostuvo que el caso de Yovera ya está en la vía penal y que no se puede sancionar dos veces por un mismo hecho a una persona.
A su turno el legislador oficialista Martín Rivas señaló que la Comisión de Ética por medio de un reglamento interno “no puede aplicar retroactividad maligna” para sancionar a los parlamentarios que hayan cometido un delito o falta antes de asumir el cargo.
El nacionalista Rubén Condori, quien adquirió protagonismo por votar en lugar de Rosa Mavila (Acción Popular Frente Amplio) cuando se debatía la entrega de facultades al Ejecutivo para que legisle en el sector defensa y reforma de la Policía Nacional, fue más directo y pidió la modificación del inciso 4.8 del artículo 4 del reglamento del grupo encabezado de Humberto Lay.
Condori, conocido como el ‘robavoto’, señaló que el Congreso tiene un reglamento que tiene rango de ley y que en este se establece que la Comisión de Ética debe evaluar la conducta de los legisladores durante el desempeño de su cargo. “No dice postulantes, no dice ciudadanos, la ley es clara”, manifestó.
EL CARGAMONTÓN DE ANICAMAPor su parte, la cuestionada congresista Celia Anicama, quien fue suspendida 120 días luego de que se revelara que su empresa Cable Orión ‘pirateaba’ señales de otras compañías, criticó a Lay e incluso dijo que hasta el momento no sabe por qué la sancionaron.
Según la legisladora, las autoridades judiciales han archivado la denuncia en su contra, por lo que consideró que la Comisión de Ética “usurpa las funciones” del Poder Judicial y la castigó “sin tener conocimiento de la causa”.
“Él (Lay) regresa a la comisión y no ha tenido la hombría de decir ‘señores hemos cometido un error’. (Este grupo) está dirigido, existe un complot político, no hay otra razón”, acotó.
El martes pasado la Comisión de Constitución del Congreso decidió no opinar sobre la posibilidad de recortar las facultades a la Comisión de Ética. Sin embargo, parece que el oficialismo no se ha rendido en sus intentos de debilitar el grupo presidido por Lay.
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